La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció, en un acto en el Museo del Bicentenario, seis proyectos de ley que buscan darle mayor legitimidad al Poder Judicial en diversos aspectos. Éstos prevén, desde la renovación de metodologías para la elección de jueces (a partir de la restructuración del Consejo de la Magistratura), hasta la modificación del acceso a la carrera judicial mediante concursos, permitiendo el ingreso de todos los argentinos en igualdad de condiciones.

Los proyectos presentados plantean:

Reforma del Consejo de la Magistratura: Se ampliarán sus miembros, de 13 a 19. Su elección será por voto popular y podrán postularse académicos de diferentes disciplinas, “para conformar un Consejo de Magistratura plenamente consustanciado con lo social, y no corporativo de los abogados”. Además, las grandes decisiones que tome este órgano necesitarán de mayoría absoluta, lo que permite una mayor agilidad en el control  y el trabajo del Consejo.

Ingreso Democrático al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal y la Defensa: Se realizarán concursos previos para la ocupación inmediata de las vacantes que se generen en los juzgados. Los jurados estarán integrados por docentes de universidades públicas. Los miembros, funcionarios y empleados del Consejo no podrán ser jurados, de esta manera cualquier abogado de la matrícula que reúna los requisitos podrá ser juez. El ingreso de empleados al Poder Judicial será por examen y si los postulantes exceden los cargos a cubrir, se realizará un sorteo por Lotería Nacional.

Registro público de causas: Todas las causas que se tramiten deberán ser publicadas en un portal web que sea de acceso público para todos los ciudadanos. Deberán, además, estar incluidas las resoluciones de Cámara y las acordadas de cortes provinciales.

Creación de nuevas Cámaras de Casación: Actualmente solo hay una, en el fuero Penal. Se sumarán tres: una en lo Contencioso Administrativo, otra en lo Civil y Comercial y otra de Trabajo y Seguridad Social, evitando el congestionamiento de causas que llegan a la Corte Suprema de Justicia, y unificando la jurisprudencia a nivel nacional para una mayor seguridad y coherencia jurídica.

Publicidad y acceso directo a todas las declaraciones juradas de funcionarios: Deberán ser públicas las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres Poderes del Estado (incluidos jueces y funcionarios del Poder Judicial).  Podrán ser accesibles a través de internet.

Regulación de Medidas Cautelares contra el Estado y sus Entes Descentralizados: Tendrán un plazo máximo de 6 meses para resolver la cuestión de fondo. Se deberán notificar al Estado las medidas cautelares que se traben en su contra. Para que proceda una medida cautelar contra el Estado, debe existir un perjuicio irreparable, es decir, que no proceden las cautelares por cuestiones meramente patrimoniales, en las que el daño es reparable porque siempre se puede reclamar la indemnización correspondiente, debido a que el Estado no puede quebrar.

A partir del 2003, se inició un proceso en el que el pueblo se fortaleció y comenzó a recuperar, impulsado por un gobierno popular, los derechos que determinados sectores habían opacado. Pero así como en su momento estos sectores se valieron de un Poder Judicial cómplice y adicto para desguazar al país, hoy se continúa manteniendo parte de esa estructura como freno a las reivindicaciones populares. Por ello surge como imperiosa la necesidad de que, al igual que los otros dos poderes, el Judicial sea fiel a los intereses de su pueblo y su Patria, y la única manera de que sea así, es mediante su democratización.

Es hora de que los derechos establecidos por la Constitución Nacional, como la igualdad ante la ley, el acceso a la información y la idoneidad de los funcionarios públicos, ingresen y se apliquen al Poder Judicial.