A partir de la reforma constitucional de 1994, los DNU pasaron a estar previstos en nuestra Carta Magna. A su respecto, los DNU son considerados una atribución constitucional a cargo del Poder Ejecutivo Nacional que se encuentra contemplada en el Art. 99 inc. 3 de la Carta Magna: El PEN “participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicamental Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras (…) Acto seguido, la norma constitucional dispone que “Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”. Dicha ley no fue sancionada ni por el gobierno de Menem ni por el gobierno de De la Rúa con la clara intencionalidad de no encontrar un límite legislativo a las políticas privatizadoras de los 90.

Fue durante el gobierno de Kirchner que se cumplió con el requerimiento constitucional de limitar esta atribución presidencial. El 20 de julio de 2006 se sancionó la ley 26.122 que tiene por objeto regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos de necesidad y urgencia, los decretos por delegación legislativa, y los decretos de promulgación parcial de leyes.

Como dispone el artículo 3 de la ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por 8 diputados y 8 senadores, designados por el Presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas. La Comisión Bicameral Permanente, que posee un plazo de 10 días hábiles para hacerlo, se expide acerca de la validez del decreto y eleva un dictamen al plenario de cada Cámara.

El Artículo 24 dispone que el rechazo de ambas Cámaras del Congreso del decreto implica su derogación. Esto significa que bastará con que una de las Cámaras (de diputados o de senadores) no derogue el decreto para que el mismo quede ratificado por el Poder Legislativo. Es importante dejar en claro que el artículo 17 de la ley establece que los decretos dictados por el Poder Ejecutivo en base a las atribuciones conferidas por los artículos 76, 99 inc 3, y 80 de la Constitución Nacional, tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil. Esto significa que hasta que el Congreso no se expida el DNU debe ser considerado como una ley y tiene plena vigencia.

Sería irracional que la justicia pudiera impedir que el DNU cree los efectos jurídicos para el cual fue creado en tanto y en cuanto el Congreso no realice el control, dado que la justificación de su existencia radica en las “circunstancias excepciones que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos”. No obstante ello, nada impide que la justicia realice el control de constitucionalidad de carácter difuso que le compete si un decreto viola derechos constitucionales.

En el caso del FONBI (Fondo del Bicentenario), no existe un decreto que viole derechos individuales de ningún tipo (como sí pudiera verse en los “leading case” Peralta y Verrochi) sino un acto soberano dirigido a administrar los fondos públicos. Se trata de un acto de administración estatal no justiciable pese a la pretensión de constitucionalistas y jueces comprometidos con la ideología neo-liberal (Cassagne, Zarini, Dromi, etcétera) de que todo acto del ejecutivo sea analizado por la siempre conservadora corporación judicial. Claro que el Dr. Dromi -como funcionario menemista- jamás impugnó los decretos que privatizaban empresas, ya que él mismo fue su brazo impulsor. He ahí el gran engaño. Cable aclarar que por imperio del Art. 99 inc. 1 el Presidente de la Nación es el “responsable político de la administración general del país”. No obstante ello, el Art. 75 inc. 7 dispone que es al Congreso al que le corresponde “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.

Nuestra posición entonces es clara, debe ser el Congreso quién decida finalmente si el acto del Poder Ejecutivo debe ser ratificado o no. Lo que no compartimos es la interferencia del Poder Judicial en las acciones soberanas de un gobierno elegido democráticamente cuando no se afectan derechos constitucionales, sino que muy por el contrario, se los protege y amplía. Tal es el caso de la nueva ley de medios, una lucha que excedió plenamente al kirchnerismo y que organizaciones sociales vienen reclamando hace más de dos décadas y que luego de sancionada un sólo juez pudo frenarla con una acción cautelar que favorece al Grupo Clarín y deja por el piso a la libertad de prensa.

En tanto a lo otro que mencionás, lamentamos mucho si el hecho de que expresemos nuestras posturas políticas de una forma honesta y abierta te genere algún tipo de decepción. Nosotros vamos a seguir como siempre luchando por los intereses gremiales de nosotros, los estudiantes, frente a las injusticias que muchas veces cometen las autoridades de la facultad. Ese es un rol muy importante de una agrupación y lo vamos a defender a capa y espada porque es defendernos a nosotros mismos. Pero justo es decir que opinamos que una agrupación política no debe limitarse a eso, ya que tenemos ganas de debatir los grandes problemas nacionales en los cuales nosotros desde nuestro rol universitario tenemos mucho para decir. Estás bienvenida a compartir o disentir ante cada tema, con el respeto que garantiza un debate de ideas democrático y donde todos podamos escucharnos libremente y sin ningún tipo de prejuicios.

Esperamos seguir en contacto con vos. Estás invitada a las reuniones abiertas los miércoles a las 20hs donde siempre discutimos estos temas en un marco de cordialidad y buena onda. Es importante que los estudiantes intervengamos más con nuestra visión de las cosas.

Un afectuoso saludo.

NBI

Aclaro que no comparto la idea del Fondo del Bicentenario ni el DNU que derogo al mismo, por el simple hecho de que se me enseño que el poder Lejislativo es quien tiene la facultad de legislar, no el ejecutivo.

Saludos.