Digesto Jurídico Argentino – por un mayor acceso a la justicia
Charla Debate – Digesto Jurídico Argentino, por un mayo acceso a la justicia.-
Viernes 26 de agosto / 19.00hs / BARato
Oradores:
Dr. Julián Álvarez, Secretario de Justicia.
Dr. Arístides Corti, Presidente de la Comisión de Juristas del DJA.
Dra. Verónica Encinas Esquível, integrante de AJUS.
Que es el Digesto Jurídico Argentino?
Es una medida importantísima que realizo el gobierno nacional a través
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se trata de la
consolidación, sistematización y simplificación de la normativa
nacional. Esta obra consolida 158 años de legislación nacional en un
solo cuerpo, ordenado en 26 materias del derecho. Para realizar el
Digesto fueron analizadas 32.207 normas, entre leyes, decretos leyes,
decretos de necesidad y urgencia y decretos de contenido legislativo
correspondientes a toda la legislación nacional emitida entre el año
1853 y el 1 de julio de 2011. Se concluyó que, de las 32.207 normas,
sólo 3.134 normas de alcance general se encuentran vigentes, en tanto
las restantes fueron excluidas por tratarse de normas de alcance
particular o por encontrarse derogadas expresa o implícitamente, o
bien por haber caducado al tener su objeto cumplido o vencido el plazo
establecido para su vigencia.
Te preguntarás ¿Por qué esto es tan importante? Desde que entramos a
la facultad nos repiten que el derecho se presume conocido por
todo….pero esto es pura ficción jurídica, ni el profesor mas crack,
el abogado más instruido o el alumno más nerd conoce todas las leyes.
Entonces, ¿cómo podemos suponer que todos los argentinos que se
dedican a otras cosas en sus vidas sepan lo que ni los especialistas
saben? Con el Digesto se facilita el acceso al conocimiento de la ley
y se evitan la ambigüedad, la redundancia y las contradicciones. Por
lo tanto, favorece el acceso de los ciudadanos a la justicia y el
principio de igualdad ante la ley.
En NBI, La Cámpora en la facu, creemos que esta obra es un aporte
fundamental para que el derecho sea conocido por todos, es por eso,
que le solicitamos al Congreso Nacional la aprobación del proyecto
envidado por el Poder Ejecutivo del Digesto Jurídico.
La paradoja de obtener lo que ya teníamos
El supuesto “resultado de la lucha” es en realidad la voluntad del Estado Nacional de seguir privilegiando la Educación Pública.
Resulta francamente increíble que los estudiantes que tomaron durante 44 días la Facultad de Sociales consideren un “triunfo de la lucha” aquello que no fue producto ni de la toma de la facultad, y mucho menos de la violenta ocupación del Ministerio de Educación de todos los argentinos. El supuesto “resultado de la lucha”, fue ni más ni menos que lo que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales tuvimos desde un principio y que es el compromiso del Estado Nacional de garantizar la continuación de la obra del edificio único de la calle Santiago del Estero y cumplir así con la tercera y última etapa de la obra, tal como se encontraba previsto. Cabe resaltar que en este edificio para la Facultad de Sociales el Estado Nacional lleva invertidos más de $27 millones y la última etapa de su construcción demandará la inversión de aproximadamente $54 millones más.
No nos olvidemos que fue y es el Estado Nacional, a través de sus Ministerios de Planificación y Educación, el que garantizó los fondos necesarios para la finalización de la segunda etapa de la obra, que va a permitir que las carreras de Ciencia Política y Ciencias de la Comunicación inicien el ciclo lectivo 2011 en la nueva sede del barrio de Constitución y quien va a garantizar que la tercera y última etapa de la obra se inicie también a principios del 2011, para que el edificio pueda albergar también a las carreras de Sociología y Relaciones del Trabajo.
Lo que tienen en sus manos los distintos partidos de izquierda agrupados en la presidencia de la FUBA es un puñado de espejitos de colores con los que piensan justificar ante sus compañeros y el resto de los estudiantes de la Facultad de Sociales lo injustificable: 44 días de toma sin sentido y la delirante ocupación del Ministerio de Educación de la Nación, reiteramos, para supuestamente obtener lo que ya teníamos.
La Cámpora Universidad
Los guardapolvos no se tiñen de verde
Los militares a los cuarteles y los pibes a las Escuelas.
El último 29 de Septiembre el Senado dió media sanción al Proyecto de Ley que crea el Servicio Cívico Voluntario. Impulsado por los sectores mas retrógrados de la política Argentina, este proyecto pretende establecer parámetros educativos castrenses para los jóvenes argentinos en “situación de riesgo”.
En principio podemos ver como sectoriza a partir de la condición social de las personas. Determina una educación normal y obligatoria para ciertas clases sociales y para los sectores mas vulnerables, una educación voluntaria y de segunda. La creación del Servicio Cívico Voluntario aspira a promover la inequidad social, la desigualdad de oportunidades y en especial se ocupa de estigmatizar a los jóvenes con menos recursos.
Este proyecto, basado en un prejuicio negativo, no solo tiene como objetivo excluir de la educación formal a los sectores vulnerables de la sociedad sino que además, implícitamente, deja abierta la posibilidad de que los jóvenes que ingresen al SCV sean sometidos a un adoctrinamiento militar. Esta “colimba civica” encubierta se erige como una política de seguridad, criminalizando la pobreza.
Por eso nosotros los jóvenes tenemos el deber moral de valorar una educación publica, democrática, de calidad e inclusiva para todos, con el objetivo de profundizar un Proyecto Nacional transformador.
Nuestras armas: las ideas
Nuestras balas: las palabras
Nuestro cuartel: la Escuela
Nuestro uniforme: el guardapolvo
Nuestro manual: La Constitución
Nuestra maestra: la Democracia
A seguir bancando la Ley de todos!
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual surgió como una de las conquistas más importantes de la democracia. Fue llevada adelante por un Gobierno que no se cansa de pensar en un país para todos y fue aprobada por un Congreso que entendió que, para que exista verdadera libertad de expresión, los medios de comunicación no deben estar en manos de unos pocos, sino en manos de todos.
Y nosotros a su vez entendimos que en manos de todos, significa también en manos de nosotros. Por esta razón, junto a muchísima gente a lo largo y ancho del país, luchamos para que la ley se apruebe.
Luego creímos, casi ilusamente, que una vez aprobada en el Congreso, la nueva ley tendría plena vigencia. Lamentablemente esto no fue así, a la vista está que nos topamos con miles de cautelares frenando su plena aplicación… Y no nos olvidemos que fue una ley aprobada por el Congreso!!! Ante esto, nos dimos cuenta de que no bastó con salir a la calle para bancar la aprobación de la ley… hacía falta exigirles a quienes tenían ahora en sus manos la aplicación de la ley, que la apliquen. Simplemente que cumplan con su rol constitucional que es el de impartir justicia: impartir justicia en este caso implica que una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, tenga plena vigencia.
Por eso marchamos frente a Tribunales para exigirle al Poder Judicial (para exigirle a la Corte Suprema) que garantice la plena vigencia de una ley pedida y aprobada por todos. Y para exigirle también que se manifieste en contra de una medida cautelar que surgió con el objetivo de proteger los intereses de unos pocos.
Esta vergonzosa medida cautelar, dictada por un juez en lo Civil y Comercial Federal (Edmundo Carbone) y confirmada por la Cámara II, que frena la aplicación del artículo 161 de la ley (la llamada “cláusula de desinversión”) suspende, hasta que se dicte un fallo definitivo, la obligación que tienen los grupos de medios de desprenderse en el plazo de un año de licencias de TV y radio en caso de que excedan las disposiciones establecidas por la ley.
Ahora una vez más nos topamos con otra sorpresa… la Corte decidió no revisar la medida, porque no causaba un “gravamen irreparable”, porque no era “equiparable a sentencia definitiva”
Las cosas como son… los que estudiamos derecho sabemos la amplitud con la que pueden ser leídos estos conceptos, y la Corte le dio el sentido menos amplio que pudo… pero si miramos el vaso medio lleno del asunto, podemos alegrarnos un poco. La Corte al reconocer que esta medida cautelar no frenaba la plena vigencia de la ley, defendió subjetivamente la aplicación de la norma.
ACLARAMOS, (para un multi-monopólico-medio algo perdido que entendió cualquier cosa o escribió cualquier cosa como está acostumbrado a hacer), que no nos ponemos contentos porque se suspende la aplicación de un artículo pero nos alegra que se haya bancado la plena vigencia de la norma.
Y sí… Como dijo el Compañero Néstor, es un paso adelante pero faltan muchos más y no nos quedamos con esto. Vamos a seguir luchando y exigiendo la plena vigencia de la Ley de Medios de la Democracia porque estamos convencidos de que los medios deben estar en manos de todos. Todos tenemos el derecho a escuchar todas las voces y no las de unos pocos. La Ley de Medios es una ley del pueblo y es el mismo pueblo quien debe luchar para lograr su aplicación.
Un análisis sobre el Fondo del Bicentenario
Fundamentos Económicos:
A través del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) nro. 2010/2009 del 14/12/09, el gobierno nacional creó el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad. El fondo se integraría con 6.569 millones de dólares que el Banco Central debe transferir al Tesoro de las reservas de “libre disponibilidad”: 2.187 millones de dólares correspondientes a vencimientos con Organismos Multilaterales y 4.382 millones correspondientes a vencimientos con tenedores privados. A cambio, el Tesoro Nacional entregaría al Banco Central, como contraprestación, una Letra a 10 años que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA.
Preguntas:
1- ¿Con qué objeto se tomó la medida?
Luego de la crisis internacional más grave desde 1929, el repunte económico llevó a que en los mercados internacionales exista un exceso de liquidez que posibilita la disminución de las tasas por las cuales los tomadores se endeudan. El gobierno busca, a través de la constitución de este fondo, garantizar que existen los recursos para solventar los vencimientos independientemente de la marcha de la economía durante el 2010. De esta forma, el propio gobierno y a las empresas privadas podrán acceder al mercado de capitales a una tasa Libor (London Interbanking Offered Rate), tasa intercambiaria londinense, mínima.
2- ¿Qué son las reservas de “libre disponibilidad”?
A través del Decreto 1599/05, el por entonces gobierno de Néstor Kirchner dispuso que las reservas que excedan a la base monetaria circulante más los depósitos en entidades financieras, sean de “libre disponibilidad” para ser afectadas al pago de la deuda contraída con organismos internacionales. Dicho Decreto fue ratificado por la ley 26.076, y el Decreto 1601 dispuso de esta forma el pago con reservas del Banco Central, de la deuda con el FMI.
3- ¿Cuáles son las funciones de las reservas del BCRA?
Las reservas del BCRA son un respaldo que garantiza estabilidad económica. Su principal función del año 2003 a la fecha ha sido posibilitar la administración de un tipo de cambio de equilibrio para que el dólar se mantenga a un precio competitivo para la industria nacional (evitando así la importación y la desnacionalización de la economía). De este modo se esfuma el peligro de las corridas bancarias toda vez que cuando sube la demanda de dólares, el BCRA ofrece a la venta sus reservas, estabilizando el precio del dólar que se guía a través de la “ley de la oferta y la demanda”.
4- ¿En qué nivel se encuentran las reservas?
A fines del 2009 las reservas se encontraban en 47.539 millones de dólares. Cuando asumió el gobierno en el año 2003 se encontraban en 8.245 millones de dólares. Durante el gobierno de De la Rúa, las reservas llegaron a ascender a 37.380 millones de dólares, pero esa suma se alcanzó a través del llamado “Blindaje”, es decir, a través de un proceso de endeudamiento y no de un superávit comercial y fiscal producto del buen funcionamiento de la economía argentina. En sólo un año el gobierno de De la Rúa esfumó 30.000 millones de dólares produciéndose la crisis del 2001. El hoy “protector” de las reservas Gerardo Morales, era por entonces viceministro de desarrollo social del gobierno que nos llevó a la crisis.
5- ¿No peligra la estabilidad económica con la disminución de las reservas por el pago de deuda?
Cuando en el 2005 se pagó con reservas al FMI, las mismas bajaron de 28.045 millones de dólares a 18.500 millones de dólares. No sólo no peligró la estabilidad económica sino que a través del superávit fiscal y comercial, se logró que las reservas alcancen los 47.539 millones de dólares.
6- ¿Por qué el gobierno llama a esto “política de desendeudamiento”?
Endeudamiento durante la dictadura militar:
Antes del golpe de 1976, la deuda externa ascendía a 7.800 millones de dólares. La última dictadura militar utilizó diferentes modos para contraer la deuda ilegítima. Por un lado se obligó a endeudarse a las empresas públicas en dólares con entidades financieras extranjeras, a fin de que esas divisas, en lugar de ser aplicadas a las necesidades financieras en moneda extranjera –compra de insumos- sean retenidas por el Banco Central que les entregaba moneda argentina a las empresas. Así, el gobierno militar mantuvo la ficción de poseer hacia 1979/80 más de 10.000 millones de dólares en reservas que figuraban como activo en lugar de lo que realmente eran, un pasivo. Las empresas públicas eran llevadas a un estado de insolvencia ficticia para su desmantelamiento. Los casos más resonantes fueron los de YPF, ELMA, ENCOTel, Fabricaciones Militares, y Ferrocarriles Argentinos, Agua y Energía Eléctrica, etcétera. Asimismo, las empresas privadas.
La apertura económica no sólo implicó el endeudamiento de las empresas públicas, sino también el endeudamiento de las empresas privadas. Entre las empresas más importantes que aumentaron significativamente su endeudamiento se encuentran: Acindar, Papel de Tucumán, Austral, Interama, Autopistas Urbanas, Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray, y Cementros Noa. En el juicio de la deuda externa iniciado por Alejandro Olmos se ha acreditado que el 84% de la deuda contraída por empresas privadas fue de naturaleza financiera con fines especulativos. Hacia 1981, la Reserva Federal de los EE.UU (vendría a ser su Banco Central), decidió la suba de la tasa de interés del 5.6% al 16.8% lo que importó el comienzo del sometimiento de los países latinoamericanos para el pago de sus deudas externas.
Endeudamiento durante los 80 y los 90:
A la salida de la dictadura militar, la deuda externa ascendía a 45.000 millones de dólares. El gobierno de Alfonsín sólo apostó a canjear deuda en condiciones que permitían su progresivo aumento. Hacia 1989 la deuda alcanzó los 65.000 millones de dólares. Durante el menemismo la deuda externa se incrementó a 146.000 millones de dólares. La deuda contraída durante los años 90 estaba dirigida a sostener la convertibilidad, es decir, la paridad cambiaria entre el peso y el dólar. Durante el breve gobierno de De la Rúa la deuda escaló los 180.000 millones de dólares.
Política de Desendeudamiento durante el kirchnerismo:
En febrero de 2005, el gobierno llevó adelante la reestructuración de la deuda externa declarada en default por Rodríguez Saá en el 2001, consiguiendo una quita del 75% sobre 81.800 millones de dólares, la quita más grande que se haya logrado en la historia argentina. A junio del 2008, la deuda bruta externa asciende a 128.685 millones de dólares:
http://www.mecon.gov.ar/cuentas/internacionales/otros_trabajos_deuda.htm
Para analizar la política de desendeudamiento que quebró el progresivo aumento desde 1976 en adelante, debe analizarse la relación entre el PBI y la Deuda. Hacia el año 2002 la deuda externa significaba el 150% del PBI. A la actualidad la ratio deuda/PBI ha bajado al 45%:
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?Itemid=54&id=40&option=com_content&task=view
El gran error en la reestructuración de la deuda fue haber emitido bonos que pagaran una tasa de interés ajustable por CER (un coeficiente que surge de la tasa de inflación). Según este mecanismo, por cada punto de inflación que el INDEC reconozca la deuda crece alrededor de 600 millones de dólares. Algunos de estos bonos fueron canjeados el año pasado por otros atados al crecimiento del PBI, intentando salvar el error. Es esto lo que explica la presión mediática para que el INDEC reconozca un nivel de inflación mayor, los intereses corporativos de algunos bonistas. Desde 2007 a 2009 los bonistas han dejado de ganar 71.330 millones de pesos que hubieramos pagado el conjunto del pueblo argentino: http://www.cronista.com/notas/196087-los-inversores-pierden-$-71330-millones-la-manipulacion-oficial-la-inflacion
Ahora bien, luego de estar alejado del mercado de capitales desde la reestructuración, el gobierno planea acceder al mismo a tasas menores, cancelando los vencimientos de la deuda heredada de forma anticipada.
7- ¿Por qué el establishment financiero se opone a una medida a priori, de corte ortodoxa?
En el presupuesto votado para el 2010, ya figuran las partidas presupuestarias para atender el pago de los vencimientos del 2010. Si se logran pagar los vencimientos con los excedentes de las reservas, 6.500 millones de dólares quedarían liberados para incrementar el gasto público durante el transcurso del año.
El gasto público se encuentra actualmente en el máximo histórico. Esto apunta a financiar obra pública, llevar adelante políticas sociales como la asignación universal por hijo, sostener el empleo, y en fin, volcar los recursos paralizados a la economía real. Los gurúes de la city porteña ven en esto el gérmen de la inflación, y hacen lobby para bajar el gasto público y paralizar el aumento de salarios a través de la discusión en paritarias. En toda economía en expansión, se produce una puja redistributiva. El mayor poder adquisitivo de la población sube la demanda de bienes, y el empresariado ante esto o sube la productividad o aumenta los precios para avanzar en el reparto de la torta. La solución ortodoxa importa congelar salarios y bajar el gasto público para que la demanda disminuya. Una solución triste que produce desempleo y recesión. Por el contrario, el gobierno apunta a incrementar el poder adquisitivo de las clases populares e intentar controlar los precios a través de los acuerdos de precios, que en muchos casos fracasa.
8- ¿Cuál es la estrategia de la oposición?
En un año en el cual hasta los economistas más acerrimos al gobierno admiten que la economía crecerá, la oposición busca que el gobierno realice el ajuste que ellos mismos quieren realizar si logran ganar las presidenciales en el 2011. Luego de 7 años en los cuales no ha existido ajuste económico alguno, y más allá de la imagen negativa del gobierno en vastos sectores sociales, dificilmente un gobierno podrá ajustar salarios, haberes jubilatorios, gasto público, etcétera, sin producir una resistencia de magnitud imprevisible en la sociedad.
Ante este hecho es capaz de llevar al país a endeudarse a tasas mayores, o a intentar limitar a toda costa que la economía crezca más de lo que ya va a crecer si esas suman se vuelcan en políticas sociales, todo bajo el manto de la defensa de una institucionalidad fingida e hipócrita: La férrea defensa, a través de sendos amparos judiciales en los cuales Proyecto Sur y el Pro podrían unificar querellas para dividir las costas, del principio liberal de la independencia del Banco Central del Poder Ejecutivo.
Hablamos del Faashooo!!! Charla+Festival
Charla Debate “El fallo de la Corte sobre despenalización de la tenencia de marihuana”
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Charla-Debate: La Justicia en la Ciudad de Buenos Aires
Charla Debate “La Justicia en la Ciudad de Buenos Aires”
Panelistas
Dr. Roberto Andrés Gallardo, Juez de 1 instancia del CAyT.
Dr. Fernando Lodeiro Martinez, Defensor Oficial, CAyT
Dra. Cecilia Gonzalez de los Santos, Secretaria Gral. de la UEJN, Seccional 2.
MARTES 3 DE NOV. SALÓN AUDITORIUM. 18 HS.
Reforma del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
“The Injustice Must Go One”. EL MACRISMO METIENDO EL HOCICO EN LA JUSTICIA DE LA CIUDAD
En la Justicia de la Ciudad, el fuero Contencioso Administrativo y Tributario es el que tiene la competencia en razón de la materia para resolver los litigios entre el Estado y los particulares.
Todo Estado puede ser sujeto pasivo en cualquier demanda a fin de que responda por el incumplimiento de sus principales funciones como garante de una vida digna, en lo que respecta a los principales derechos humanos, sociales, culturales y económicos.
Macri, preocupado por los baches y las plazas del norte de la Ciudad, ha olvidado atender estas necesidades básicas de la población más desprotegida.
¿Cuál fue la consecuencia de este “descuido” del Sr. Mauricio? Lógico… Una lluvia de reclamos judiciales por estos derechos básicos vulnerados. Así es como la mayoría de los juicios que habitan en los juzgados de la Ciudad consisten en amparos judiciales interpuestos por carencia de vivienda digna, por falta de insumos en los hospitales para satisfacer una atención sanitaria adecuada, por la enorme cantidad de becas que le fueron quitadas a los alumnos de colegios primarios, y un larguísimo etcétera.
Como el único objetivo a largo plazo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es enrejar hasta el último cachito de suelo verde y a eso está destinando tiempo, recursos y (si las tiene) ideas, no hay en el presupuesto de la Ciudad una asignación presupuestaria que permita realizar una justa administración de los recursos del Estado para paliar las Necesidades Básicas Insatisfechas de los habitantes de la Ciudad.
Así es como una tarde, cantando como Freddy Mercury frente al espejo del baño de su despacho “The Injustice Must Go One”, Mauri pensó en reformar ciertas cuestiones procesales del Código Contencioso, Administrativo y Tributario, con la intención de dificultar (y aún negar) el derecho de los particulares de peticionar a la Justicia cuando alguno de sus derechos ha sido violado por el GCBA. De llevarse esta reforma a cabo, se vería gravemente afectado el derecho al acceso a la justicia especialmente para los sectores humildes, lo que implicaría una grave violación por el gobierno de la Ciudad a todos los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional que consagran este derecho (Art. 75 inc 22 CN).
Para los NBIxtecas, el papel del legislador al momento de dictar las leyes debe ser siempre el de reestablecer mediante la igualdad jurídica las desigualdades de hecho.
Pero no estamos solitos en este anhelo, en la legislatura hay proyectos de minorías que se oponen a esta reforma, nos resta esperar a que los legisladores voten. Esperemos… Sea Justicia.
Para más información, los invitamos a leer las observaciones que realizó la compañera NBIxteca Cecilia González de los Santos ( Sec. Gral. De la UJEN- sec. 2), acerca de la reforma acá